La promulgación de la Ley 19.691 (De Promoción del Trabajo para Personas con Discapacidad en el ámbito privado) en octubre 2018 y su decreto 73/019 a partir del año 2019, marcó un antes y un después en la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad en Uruguay.
La Fundación Bensadoun Laurent, que trabaja acompañando a personas en situación de discapacidad en la búsqueda de empleo a través de la Metodología de Empleo con Apoyo, indicaba en su informe anual de 2019 un aumento de un 155% de las contrataciones a través de la Fundación con respecto al año anterior (año de aprobación de la Ley).
No obstante, la emergencia sanitaria, a raíz de la pandemia por el COVID-19 en Uruguay y el mundo, supuso un freno considerable en el número de inclusiones laborales del colectivo, junto a otras importantes consecuencias sociales y económicas.
Desempleo General
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el desempleo en Uruguay se ubicó en 10,7% en enero de 2021, un aumento de dos décimas respecto a diciembre y de dos puntos respecto a enero de 2020, antes de que comenzase la emergencia sanitaria, cuando se ubicó en 8,5%.
En Montevideo, la tasa de desempleo en enero de 2021 se ubicó en 9,9%, mientras que en el interior fue de 11,2%.
El aumento en el desempleo no es ajeno al colectivo de las personas en situación de discapacidad. La Fundación Bensadoun Laurent, que trabaja con inclusiones laborales en Montevideo y área metropolitana con una población de más de 1.000 personas en situación de discapacidad, reportó en su informe anual de 2020 un descenso de más del 68% en las contrataciones (a través de la Fundación) con respecto al mismo periodo del año anterior 2019.
Asimismo, como consecuencia de la pandemia, varias personas en situación de discapacidad que habían sido contratadas fueron despedidas o enviadas al seguro de desempleo.
Esto supone una caída importante en el ritmo de contrataciones tras la aprobación de la ley que, en caso de que la recuperación no sea rápida y que no se difunda ni fiscalice la ley 19.691, podría hacer retroceder los escasos avances en materia de inclusión que se han producido en los últimos años.
Población en riesgo
Cerca del 16% de la población uruguaya se encuentra en situación de discapacidad, según el último censo del Instituto Nacional de Estadísticas (2011). Las personas de este colectivo enfrentan diferentes barreras, especialmente en el mercado laboral, en la educación y en los espacios públicos.
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De acuerdo con un informe del Banco Mundial de 2020, titulado Inclusión social en Uruguay, la tasa de participación en el mercado laboral de personas con alguna discapacidad era de 59,5%, muy inferior a la de personas que no reportaron ninguna discapacidad (76%). En tanto, la mayoría de las personas que manifestaron tener dificultades severas, más de 80%, directamente no participaba en el mercado laboral.
El informe detalla también la ausencia de datos estadísticos en Uruguay referente a las personas en situación de discapacidad, lo que incide en el desarrollo de las políticas públicas al respecto.
Riesgo de exclusión laboral
Según informe de UNICEF de 2013, basado en datos del censo de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas de 2011, un 56,6% de la población en situación de discapacidad de 25 o más años de edad declaró no tener instrucción o haber alcanzado sólo la educación primaria. Este porcentaje baja hasta 29,7% para la población de 25 o más años de edad que no está en situación de discapacidad.
Esta brecha está marcada por las barreras a las que se enfrentan las personas en situación de discapacidad para acceder a educación de calidad en igualdad de condiciones que las demás personas.
Si bien la Ley de promoción del empleo para personas con discapacidad (Ley 19.691) exige un 4% de personas en situación de discapacidad contratadas (de manera escalonada de acuerdo a los años de vigencia de la ley y de la cantidad total de trabajadores permanentes) en empresas de 25 o más trabajadores/as permanentes (empleadores de la actividad privada), si no hay personas formadas para asumir los diferentes cargos demandados por el sector, la brecha en el mercado laboral no se achicará.
La Formación en Tecnología como salida laboral
La Fundación Bensadoun Laurent, que también trabaja con un programa de formación en áreas demandadas por el mercado laboral dirigido a jóvenes en situación de discapacidad, destacaba la formación en TI como uno de los mecanismos de salida laboral para las personas del colectivo, y como alternativa a la falta de demandas de cargos más operativos, sin formación específica, que deja afuera a una parte de la población.
Según el primer monitor laboral de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti) y la consultora Advice, en base a los llamados laborales a través de las plataformas digitales entre mayo y octubre de 2020, casi una quinta parte de los llamados los centralizó sólo el sector tecnológico.
El informe también destaca que hay una demanda significativa de personal en el sector TI. La brecha para este año 2021 rondaría las 4.000 personas, de acuerdo con una investigación de la Cámara que toma datos del Ministerio de Educación y Cultura.
Si bien en el mercado hay una oferta de cursos en tecnologías de la información, ninguno está dirigido específicamente para atender a una demanda de personas en situación de discapacidad, con las demandas que ello conlleva.
Contexto social
Muchas personas de contexto socio-económicos vulnerables, incluyendo personas en situación de discapacidad, no cuentan con equipos, conexión a internet o espacios necesarios para desarrollar una formación en línea, por lo que deben generarse mecanismos para no aumentar aún más la brecha digital.
De acuerdo con el mismo informe del Banco Mundial, las personas en situaciones de discapacidad severas “suelen vivir en hogares pobres o de ingreso medio-bajo, alcanzan menos años de educación y habitan viviendas de calidad inferior y/o en hacinamiento, comparados con la población en general. La exclusión de personas con discapacidad afecta no solamente a ellos, sino también a los otros miembros del hogar al que pertenecen, quienes suelen tener menor nivel de empleo y educación.”
Por este motivo, para poder aprovechar la demanda en el mercado laboral, es necesario que se garantice el acceso a la formación y promoción de competencias digitales de las personas en situación de discapacidad, en ambientes accesibles y con el correspondiente acompañamiento profesional. La formación tecnológica podría representar una oportunidad para cambiar la realidad de participación de las personas del colectivo en el mercado laboral.