El 25 de noviembre se conmemora el Día internacional contra la violencia hacia la mujer. Desde la Fundación, como organización que trabaja por la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, se destaca además esta fecha para dar visibilidad a la situación de las mujeres con discapacidad.
La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por Naciones Unidas en 1993, define la violencia contra la mujer como: “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”
Si bien las diversas formas en las que la violencia se ejerce contra las mujeres en general son aplicables a las mujeres con discapacidad, existen situaciones que, por la interacción del género y la discapacidad, afectan muy especialmente a este grupo de la población.
Las mujeres en situación de discapacidad y las barreras
En la guía “Género y Discapacidad: Una vida sin violencia para todas las mujeres”, elaborado por el Instituto Nacional de las mujeres y el Programa Nacional de la Discapacidad (hoy Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad del MIDES), se destacaban cuatro barreras presentes que transversalizan a las mujeres en situación de discapacidad. Barreras físicas, comunicacionales, de acceso a la información y actitudinales.
“A nivel social las barreras en el acceso a los espacios públicos, a los servicios y a los recursos, generan situaciones de exclusión perpetuando, relaciones de dependencia y limitaciones en el acceso a la salud, a la educación, a la recreación y al ámbito laboral, entre otros espacios vítales”. (Género y Discapacidad: Una vida sin violencia para todas las mujeres, MIDES).
Las mujeres en situación de discapacidad y el empleo
Las mujeres con discapacidad enfrentan barreras para su acceso al empleo, que se ve transversalizado por el género y la situación de discapacidad.
El no encontrar empleos remunerados y de calidad, suele generar dependencia económica de su entorno, lo que puede conllevar a ser víctimas de situaciones de violencia. Muchas veces existe miedo a denunciar esta violencia por la posibilidad de la pérdida de los vínculos y la provisión de cuidados.
Las mujeres con discapacidad suelen ser cuestionadas por el manejo de su dinero y en algunos casos no se les permite disponer de sus bienes en su totalidad.
También suele existir una infantilización hacia las mujeres con discapacidad y un relegamiento hacia las tareas domésticas por parte de su entorno. Esto restringe su proyección hacia el despliegue de sus deseos y proyectos personales. Como, por ejemplo, acceso a una continuidad educativa que les permita acceder a empleos de mayor calidad.
Es posible identificar en estos comportamientos la socialización de género que espera que las mujeres sean dependientes, sumisas, se dediquen al ámbito doméstico y el trabajo no remunerado que eso implica.
Usando el concepto de interseccionalidad como herramienta analítica, es posible afirmar que las desigualdades estructurales de género se complejizan cuando la ponemos en diálogo con la discapacidad.
Mucho por hacer
Aunque todas las mujeres pueden sufrir violencia de género, las mujeres en situación de discapacidad pueden ser particularmente vulnerables. En ese sentido, es importante que las políticas públicas destinadas a la protección de los derechos de la mujer transversalicen la discapacidad para poder brindar atención hacia esta población.
En Montevideo (Uruguay) funciona el servicio nacional de atención a mujeres con discapacidad en situación de violencia de género. Con este servicio se pretende dar respuesta a las situaciones de violencia basada en género que atraviesen mujeres con discapacidad. Por más información, comunicarse al teléfono 1950 8809.
La violencia contra las mujeres sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad en el respeto a los derechos humanos de las mujeres y niñas. Y es además uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible al que los países miembros de Naciones Unidas, incluido Uruguay, se comprometieron a erradicar.